Pregunta: Teniendo claro que la pobreza, la violencia intrafamiliar y la violencia de género son uno de  los grandes detonantes de que nuestras niñas, niños y jóvenes sean vulnerados en sus  derechos, ¿cuál sería el mecanismo para dar solución a este problema social? 

Las problemáticas sociales mencionadas en la pregunta, son consecuencia de la escasa  ocupación del Estado en relación a la salud mental de las chilenas y chilenos. 

El maltrato infantil tiene consecuencias nefastas en el desarrollo positivo de las niñas y  niños, normalizando prácticas que transgreden y vulneran sus derechos, teniendo como  consecuencia en la juventud y posteriormente en la adultez problemáticas sociales como; la violencia de género, la delincuencia, la socialización callejera, el abuso de sus sustancias,  la depresión, el suicidio y otras problemáticas de salud mental. 

Si bien el estado chileno entrega oportunidades (SENAME y colaboradores de SENAME) de  atención en salud mental a quienes han sufrido vulneraciones de derechos (a la vida, a la  educación, a la salud, a la protección, entre otros), diversos factores impiden que esto se  concrete en la realidad, como; la alta carga laboral de los profesionales de la salud mental,  escasa inversión en recursos humanos, bajos sueldos, entre otros. Esto es el resultado de la  tercerización de las responsabilidades del Estado. 

Es el Estado el responsable, al ratificar la convención de los derechos del niño, de prevenir  y dar respuesta a las problemáticas sociales que les atingen a las niñas y niños, como; la  violencia de género, la marginalidad, la exclusión social, la pobreza, la salud mental, entre  otros. 

En la realidad, las fundaciones donde el Estado terceriza su responsabilidad no brindan el  apoyo óptimo a la salud mental de las víctimas, lo que genera la cronificación de las  problemáticas sociales y del mal trato de manera transgeneracional, perpetuándose en el  tiempo. Es así como, nos encontramos con familias maltratadoras, negligentes y adulto  centristas. 

El trato que se le da a una niña o niño durante su infancia impactará en su forma de ver el  mundo y de relacionarse con él. Somos seres sociales y nos relacionamos desde que  nacemos hasta que morimos con otros seres humanos, por lo que; cómo seamos tratados  por nuestros cuidadores en la primera infancia será vital para sembrar la semilla de cómo  nos relacionaremos, si desde el odio y la violencia o desde el amor y el buen trato. 

El trato que por generaciones el Estado chileno le ha dado a la infancia ha sido desde una  perspectiva adultocéntrica, invisibilizándola y sin ponerla como prioridad, transformándose así, el Estado, en el principal vulnerador de derechos hacia las niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, desde el marco jurídico, Chile es el único país de Latinoamérica sin Ley Integral  de Infancia, ley que desde el año 2005 se encuentra en estudio, la tardanza en la redacción  y aprobación de la Ley Integral de Infancia ha perpetuado la desprotección de la  infancia. Según las recomendaciones de UNICEF, debería estar como prioridad en la agenda  2021 – 2025, ley que debe ser concordante con el programa Chile Crece Contigo. 

Es necesario y urgente la creación de una de una institución rectora del Sistema de  Protección Integral, para coordinación con las redes de infancia, esto debería eliminar por  completo el antiguo y obsoleto SENAME, debiendo ser este nuevo organismo, al igual que  la ya creada defensoría de la Niñez – autónomo, independiente y con patrimonio propio- .  

Ahora imprescindible es que dichos principios bases no se queden solo en lo formal,  considerando que, en la actualidad, dando cumplimiento a las recomendaciones de la  UNICEF, se creó la Defensoría de la Niñez, la que no ha podido ejecutar las instrucciones  internacionales, toda vez que, hasta la fecha dicha defensoría, ha denunciado la falta de  recursos para implementar y cumplir los objetivos de la institución. 

Sin perjuicio de lo anterior, Chile tiene una institucionalidad de protección respecto a  infancia y adolescencia con serias falencias al respecto. Hasta la fecha no existe un enfoque  que realmente categorice a la familia (sea cual sea su conformación) como un sistema  protector en que las niñas, niños y jóvenes se desenvuelven cotidianamente. Se advierten  claras deficiencias, toda vez que en primer lugar las políticas públicas se centran en el  individuo y no tienen una mirada ecológica (modelo ecológico) que permita identificar  necesidades de NNJ, asimismo tampoco se entiende a la familia como coadyuvante, lo que  provoca que ésta carezca de participación suficiente en el proceso de acompañamiento, y  por último existe poco o casi nulo apoyo a la familia como factor principal de protección. 

Documento Elaborado por: 

  • Loreto Esquivel Arévalo. Psicóloga Infanto-Juvenil 
  • Esteban Bustos Romero. Trabajador social 
  • Daniela Godoy Pinaud. Abogada

Imagen Principal: Defensoría de la niñez